El contrato de administración de inmuebles es el documento por el que el propietario le encarga a una inmobiliaria la gestión de su inmueble en arriendo: promocionarlo, estudiar al arrendatario, elaborar el contrato de arrendamiento, cobrar el canon, girarle lo recaudado y atender la desocupación. Ninguna norma trae un modelo obligatorio, pero el Decreto 1077 de 2015 señala los puntos que deben quedar precisados, empezando por la remuneración y la forma en que se paga.

Esta guía, pensada para propietarios que arriendan vivienda en Barranquilla, explica qué exige la ley a la inmobiliaria que administra, qué cláusulas conviene encontrar, qué obligaciones tiene cada parte y cómo se termina la administración.

Qué es el contrato de administración de inmuebles en arrendamiento

Es un documento distinto del contrato de arrendamiento, que se firma con el arrendatario. El de administración se celebra entre el propietario y la inmobiliaria, y define qué puede hacer ella con el inmueble y con el dinero que recauda. Como la inmobiliaria gestiona por cuenta del propietario, el contrato se rige en buena parte por las reglas del mandato del Código Civil, cuyo artículo 2142 lo describe como el contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, «que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera».

Del mandato vienen también las reglas sobre el precio y la forma. La remuneración «es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez» (artículo 2143), y el encargo puede darse «por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible» (artículo 2149). Un acuerdo verbal es válido, aunque solo el escrito permite demostrar después qué se pactó sobre la comisión, la fecha de giro o las reparaciones.

Cuando la inmobiliaria es una empresa de administración de bienes, puede aplicar además el régimen del mandato comercial (artículo 1262 del Código de Comercio): el artículo 20, numeral 17, de ese código cuenta como mercantiles «las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes», y el artículo 22 dispone que, si el acto es mercantil para una de las partes, se rige por la ley comercial. La diferencia se nota sobre todo al terminar.

Qué exige la ley a la inmobiliaria que administra su inmueble

La Ley 820 de 2003 somete a control a quien administra vivienda urbana ajena. Su artículo 28 obliga a matricularse a quienes, en municipios de más de 15.000 habitantes, arrienden vivienda urbana de terceros o intermedien en ese arrendamiento: «Para ejercer las actividades de arrendamiento o de intermediación de que trata el inciso anterior será indispensable haber cumplido con el requisito de matrícula».

Para matricularse, el artículo 29 exige presentar «el modelo o modelos de los contratos de arrendamientos, y los de administración que utilizarán en desarrollo de su actividad». La matrícula es gratuita, dura un año con renovación automática y se tramita en cada municipio donde se opere; el registro de matriculados es público y su consulta, gratuita (Decreto 1077 de 2015, artículos 2.1.4.2.1.2 a 2.1.4.2.1.6).

La matrícula también tiene que estar a la vista. El artículo 31 de la Ley 820 obliga a quienes se anuncien para estas actividades a «indicar el número de su matrícula vigente», y el Decreto 1077 de 2015 (artículo 2.1.4.2.2.1, numeral 3) exige ese número en todo anuncio y en toda la documentación precontractual y contractual, de la que hace parte el contrato de administración.

El control lo ejercen las alcaldías. El artículo 33 de la Ley 820 les encarga «controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en lo referente al contrato de administración», y el artículo 34 les permite imponer multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entre otros casos, cuando la inmobiliaria incumple el contrato de administración suscrito con el propietario. Si el incumplimiento es reiterado, la sanción puede llegar a la suspensión o cancelación de la matrícula (Ley 820, artículo 34, y Decreto 1077 de 2015, artículo 2.1.4.2.1.5). En Barranquilla, según el Decreto Distrital 0074 de 2021, la matrícula de arrendadores está a cargo de la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público.

Cláusulas del contrato de administración de inmuebles

El Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.1.4.2.2.1, numeral 4, encarga a la autoridad velar porque el contrato de administración precise las obligaciones de las partes, con «especial énfasis» en la «forma de pago y valor de la remuneración por los servicios prestados, conservación de los inmuebles», el cumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal y las actividades del administrador frente a los arrendatarios. El numeral 2 pide que la información facilite al propietario «el conocimiento permanente de la ejecución de los contratos que suscriban».

Con esa base, estas son las cláusulas que conviene encontrar y para qué sirve cada una:

  • Partes e inmueble: identificación del propietario, de la inmobiliaria y del inmueble que se entrega en administración.
  • Facultades del administrador: qué puede hacer la inmobiliaria sin consultarle y qué requiere su autorización.
  • Remuneración y forma de pago: cuánto cobra la inmobiliaria, sobre qué valor y cómo se descuenta.
  • Fecha de giro: el día del mes en que le transfieren el arriendo recaudado.
  • Informes y rendición de cuentas: cada cuánto y en qué forma recibe el estado del contrato y de los pagos.
  • Conservación y reparaciones: quién las autoriza, hasta qué monto y cuáles corresponden al arrendatario.
  • Propiedad horizontal: quién verifica el pago de la cuota del conjunto y el cumplimiento del reglamento.
  • Actividades frente al arrendatario: estudio, contrato, inventario y acta de entrega, cobro y desocupación.
  • Seguro y riesgo de no pago: si hay seguro y quién responde si el arrendatario no paga.
  • Duración y terminación: plazo, renovación, preaviso y causales.
  • Entrega al terminar: devolución de documentos, llaves y dineros, con la rendición final de cuentas.

La cláusula de facultades es la que más pesa en el día a día. Si el contrato no dice otra cosa, el artículo 2158 del Código Civil limita al mandatario a los actos de administración, como pagar deudas, cobrar créditos y «contratar las reparaciones de las cosas que administra»; «para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial». Conviene fijar un monto hasta el cual la inmobiliaria puede ordenar una reparación urgente sin consultarle. La misma cláusula debe separar las reparaciones a cargo del propietario de las reparaciones locativas, que el Código Civil pone generalmente a cargo del arrendatario.

Sobre la remuneración, ninguna norma fija ni limita la comisión de administración. La determinan las partes (artículo 2143 del Código Civil) y, en el régimen comercial, la inmobiliaria tiene derecho a «la remuneración estipulada o usual en este género de actividades» (artículo 1264 del Código de Comercio). El Decreto 1077 de 2015 exige que valor y forma de pago queden precisos, y su parágrafo pide vigilar que no se pacten cláusulas «que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio contractual o impliquen erogaciones excesivas».

En propiedad horizontal, la cláusula sobre la cuota del conjunto tiene una razón concreta: según la Ley 675 de 2001 (artículo 29), «para efecto de las expensas comunes ordinarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor». Si el arrendatario no paga la cuota ordinaria, la copropiedad puede cobrársela al propietario: conviene pactar que la inmobiliaria verifique ese pago.

La cláusula sobre el riesgo de no pago merece lectura atenta. El artículo 2178 del Código Civil dispone que «el mandatario puede, por un pacto especial tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro»; sin ese pacto, la inmobiliaria no responde por la solvencia del arrendatario, aunque sí por lo que deje de cobrar por su culpa (artículo 2183). El respaldo frente a la mora viene de un seguro de arrendamiento o de un pacto expreso, y el contrato debe decir cuál aplica.

Obligaciones de la inmobiliaria y del propietario

La ley fija obligaciones para cada parte que rigen aunque el contrato no las repita. Estas son las principales, según el Código Civil (CC) y el Código de Comercio (C. Co.):

La inmobiliaria que administra El propietario
Cumplir el encargo con cuidado: responde hasta de la culpa leve (CC, art. 2155) Proveerle lo necesario para ejecutar el encargo (CC, art. 2184)
No exceder los límites del encargo y consultar en los casos no previstos (CC, art. 2157; C. Co., arts. 1266 y 1267) Reembolsarle los gastos razonables de la gestión (CC, art. 2184)
Informar la marcha del negocio y rendir cuenta detallada y justificada (CC, art. 2181; C. Co., art. 1268) Pagarle la remuneración estipulada o usual (CC, art. 2184)
No emplear en sus propios negocios los fondos del propietario (C. Co., art. 1271) Pagarle los anticipos de dinero que haya hecho, con intereses (CC, art. 2184)
Responder por lo recibido de terceros y por lo que dejó de recibir por su culpa (CC, art. 2183) Indemnizarle las pérdidas sufridas sin culpa y por causa del encargo (CC, art. 2184)

El artículo 2155 del Código Civil precisa que esa responsabilidad recae con más rigor sobre el mandatario remunerado, que es el caso de una administración con comisión. Si la inmobiliaria delega parte del encargo sin autorización expresa suya, responde por el delegado (artículo 2161).

Cómo se termina el contrato de administración

El artículo 2189 del Código Civil enumera las causas por las que termina el mandato, entre ellas la llegada del plazo, la revocación del mandante, la renuncia del mandatario, la muerte y la insolvencia. La revocación, la vía con la que el propietario decide terminar, cambia según el régimen.

En el régimen civil, «el mandante puede revocar el mandato a su arbitrio» (artículo 2191), con efecto desde que la inmobiliaria la conoce; la revocación es tácita cuando el propietario encarga el mismo negocio a otra persona (artículo 2190). En el comercial la revocación también es libre, salvo que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya dado también en interés de la inmobiliaria o de un tercero: en esos casos solo procede con justa causa. Ante una revocación abusiva, «quedará obligado el mandante a pagar al mandatario su remuneración total y a indemnizar los perjuicios que le cause» (artículos 1279 y 1280 del Código de Comercio). Si varios propietarios otorgaron el encargo, deben revocarlo todos (artículo 1281).

Si es la inmobiliaria la que renuncia, en lo civil sus obligaciones siguen «después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados» (artículo 2193 del Código Civil).

El plazo de preaviso lo fija el contrato, porque ninguna norma lo establece. Conviene verificar también que el documento resuelva qué pasa con los contratos de arrendamiento en curso cuando termina la administración: quién sigue recaudando, cuándo se avisa al arrendatario y cuándo se entregan documentos y dineros. En el régimen comercial, la inmobiliaria debe rendir cuenta y entregar «todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los tres días siguientes a la terminación del mismo» (artículo 1268 del Código de Comercio).

Si lo que motiva la terminación es un arrendatario que no paga, conviene separar los asuntos: la mora se gestiona con el contrato de arrendamiento y el seguro; la responsabilidad de la inmobiliaria depende de cómo cumplió su encargo.

Qué revisar antes de firmar

Antes de firmar un contrato de administración de inmuebles, revise estos puntos:

  • El número de matrícula de arrendador vigente, que puede consultar en el registro de la alcaldía.
  • La remuneración: valor o porcentaje, base de cálculo y forma de pago, sin cobros no descritos.
  • La fecha en que recibirá el arriendo cada mes.
  • El monto hasta el cual la inmobiliaria puede contratar reparaciones sin consultarle.
  • Si hay seguro de arrendamiento, quién lo toma y qué ampara.
  • La periodicidad y la forma de los informes.
  • La duración, la renovación, el preaviso y la entrega de documentos y dineros al terminar.

Si alguna cláusula le parece desproporcionada, puede pedir que se aclare o se ajuste antes de firmar.

El contrato de administración en Casarriendos

En Casarriendos, la administración cubre la gestión del arriendo de punta a punta: promoción del inmueble en varios portales inmobiliarios, estudio del arrendatario (gratuito para él y solo con su cédula, a través de la aseguradora), elaboración del contrato, inventario inicial, recaudo y seguimiento de pagos, atención de los requerimientos del arrendatario durante todo el contrato y gestión de la desocupación. El pago al propietario se hace a 15 días vencidos, los 16 de cada mes, y el respaldo frente a la mora es un seguro de arrendamiento, no una afianzadora.

Diana Sampayo, de Casarriendos, lo resume así: «Con la inmobiliaria usted solo recibe el arriendo y nosotros nos encargamos de todo lo demás». El contrato de administración es el documento que pone por escrito esa delegación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cobra una inmobiliaria por administrar un inmueble?
Lo que se pacte. Ninguna norma fija ni limita la comisión: el artículo 2143 del Código Civil deja la remuneración a la convención de las partes, y el Decreto 1077 de 2015 exige que su valor y forma de pago queden precisos en el contrato, sin cláusulas exorbitantes.

¿El contrato de administración tiene que ser escrito?
La ley admite cualquier forma inteligible, incluso la verbal (artículo 2149 del Código Civil). Aun así, la inmobiliaria presenta su modelo de contrato para obtener la matrícula de arrendador (Ley 820 de 2003, artículo 29), y el escrito permite probar lo pactado.

¿La inmobiliaria responde si el arrendatario no paga?
Por la solvencia del arrendatario, solo si lo pactó expresamente (artículo 2178 del Código Civil); por lo que dejó de cobrar por su culpa, sí (artículo 2183). El respaldo frente a la mora lo da el seguro de arrendamiento, según el amparo contratado.

¿Puedo terminar el contrato de administración antes de tiempo?
Depende del régimen y de lo pactado. En lo civil, el propietario puede revocar a su arbitrio (artículo 2191 del Código Civil); en lo comercial, si se pactó la irrevocabilidad, solo con justa causa (artículos 1279 y 1280 del Código de Comercio). El preaviso es el que fije el contrato.

Este artículo es informativo y no reemplaza la asesoría de un abogado sobre su caso particular. Normas citadas vigentes al 17 de noviembre de 2026.